La Fiscalía de Valencia ha tomado la decisión de retirar la acusación contra una psicóloga que había sido acusada de consultar de manera indebida el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco en el sistema informático. Esta acción legal habría llevado a la profesional a enfrentarse a una posible condena de tres años y medio de prisión, siendo acusada de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Rocío Carrasco, espiada en su momento más crítico

El caso había generado una gran controversia y atención mediática, dado el perfil público de Rocío Carrasco, quien ha sido protagonista de un intenso debate público a raíz de su participación en un documental donde compartió detalles íntimos sobre su vida y su relación con su exmarido, Antonio David Flores.
La acusación contra la psicóloga se basaba en la presunta violación de la confidencialidad de los expedientes de violencia de género, un tema sensible y crucial en la protección de las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido retirar los cargos, aunque no se han dado a conocer los motivos específicos de esta decisión.
El feliz desenlace de la historia

Esta retirada de la acusación deja en una situación diferente a la psicóloga involucrada, quien ahora queda libre de las consecuencias legales que podrían haberle afectado profundamente en su carrera profesional y su reputación personal. Además, plantea interrogantes sobre la forma en que se manejan los casos de violencia de género y la protección de la información confidencial en estos contextos.
La noticia ha generado reacciones diversas en la opinión pública, con algunos expresando alivio por el cambio en la situación legal de la psicóloga y otros cuestionando los protocolos y salvaguardas que se aplican en el manejo de la información relacionada con la violencia de género.
En cualquier caso, esta decisión marca un nuevo capítulo en un caso que ha puesto de relieve la importancia de proteger la privacidad y la confidencialidad en los casos de violencia doméstica, así como la necesidad de una revisión constante de los procedimientos legales y administrativos relacionados con estos temas sensibles.
El dinero que hay detrás

La Fiscalía de Valencia ha retirado la acusación contra una psicóloga que enfrentaba cargos por haber consultado de manera indebida el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco en el sistema informático. Esta decisión se produce en el marco del juicio que se estaba llevando a cabo este martes en València, donde la trabajadora, empleada de una Oficina de la Atención a las Víctimas del Delito, estaba siendo acusada de acceder al sistema VioGén de tratamiento de casos de violencia de género de manera no autorizada.
Según informes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, la trabajadora habría accedido a datos relacionados con personas de notoriedad pública, entre ellas Rocío Carrasco, el 23 de marzo de 2021, utilizando contraseñas destinadas a su labor profesional, pero sin justificación alguna para consultar ese expediente en particular.
La Fiscalía había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la acusada, además de una multa de 4.500 euros, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Sin embargo, en un giro inesperado, la Fiscalía ha decidido retirar la acusación contra la funcionaria, aunque no se han proporcionado detalles sobre los motivos de esta decisión.
Este caso ha generado un considerable interés mediático debido a la implicación de una figura pública como Rocío Carrasco y a la sensibilidad del tema de la violencia de género. La retirada de la acusación plantea interrogantes sobre los protocolos de seguridad y la protección de la privacidad en el manejo de información confidencial en casos de violencia doméstica.
Aunque la situación legal de la psicóloga involucrada ha cambiado, este episodio destaca la importancia de abordar adecuadamente la confidencialidad y la protección de datos en contextos sensibles como el de la violencia de género, así como la necesidad de garantizar el respeto a la privacidad y los derechos de las víctimas en todo momento.
El suceso tuvo mucha repercusión

La acusada accedió, según lo que detalló el fiscal, a una serie de «información y datos reservados de Rocío Carrasco Mohedano y Antonio David Flores que no eran conocidos públicamente». Estos incluían detalles como la fecha de nacimiento, números de teléfono, direcciones personales, fecha de alta del caso en el sistema, unidad policial involucrada, estado actual del caso, asignación a una unidad específica, evaluaciones de riesgo realizadas, fecha de la denuncia y medidas judiciales adoptadas.
Este caso no es el primero en generar controversia en torno a la privacidad de la información relacionada con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. En enero de 2023, la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia absolvió a funcionarios valencianos que enfrentaban cargos por revelación de secretos después de haber consultado el expediente de violencia machista de la pareja. Este acceso se produjo tras la emisión de un programa de televisión en el que Rocío Carrasco había sido protagonista.
Estos precedentes judiciales resaltan la sensibilidad y la complejidad de los casos relacionados con la protección de datos en situaciones de violencia de género y la repercusión mediática que pueden tener. La retirada de la acusación contra la psicóloga involucrada en este caso particular plantea interrogantes sobre el manejo adecuado de la información confidencial y la necesidad de establecer protocolos claros para garantizar la privacidad de las víctimas y el respeto a sus derechos.