El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la condena de dos años de prisión a Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, poniendo un nuevo punto y seguido a uno de los enfrentamientos judiciales más conocidos del panorama televisivo español. La Sala de lo Civil y Penal ha rechazado el recurso presentado por la defensa del exrepresentante y ha ratificado en todos sus extremos la sentencia dictada previamente por la Audiencia Provincial de Madrid.
2El problema con Belén Esteban
Tras la ruptura profesional entre ambas partes en 2015, Belén Esteban inició una larga batalla judicial para recuperar el dinero que consideraba suyo. En un primer momento acudió a la jurisdicción civil y obtuvo una condena contra la Agencia de Servicios Lorant. No obstante, durante la ejecución de aquella resolución únicamente consiguió recuperar una parte de las cantidades reclamadas, motivo por el que el conflicto continuó en la vía penal.
Ahora, el TSJM vuelve a respaldar la versión sostenida por la Audiencia Provincial y rechaza por completo el recurso presentado por la defensa de Sanchís. Los magistrados consideran que existe prueba suficiente para acreditar la apropiación indebida y fundamentan su decisión en la documentación contractual y contable, los informes periciales elaborados durante la instrucción y las declaraciones tanto de Belén Esteban como de varios testigos.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el tribunal descarta que existiera un acuerdo para modificar la comisión inicialmente pactada. La Sala concluye que nunca hubo autorización para elevar el porcentaje del 20 % fijado en el contrato de representación, desmontando así uno de los principales argumentos sostenidos por la defensa.
Además, la sentencia atribuye directamente a Toño Sanchís, como administrador de hecho de la sociedad, la decisión de quedarse con las cantidades que correspondían a la colaboradora televisiva. De este modo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma íntegramente la condena, consolidando una resolución que pone fin a uno de los procesos judiciales más mediáticos derivados de una relación profesional que durante años estuvo basada, según destaca el propio fallo, en la confianza entre representante y representada.
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