La Audiencia Nacional abrió el 18 de noviembre a Julio Iglesias un horizonte penal que en enero parecía cerrado del todo.
El juez Antonio Piña, adscrito a la Audiencia Nacional, decidió que sí hay motivos para iniciar una causa. Tres de los cinco delitos alegados pasan el filtro judicial: los relativos a la libertad sexual, las lesiones y el trato degradante. Quedan fuera la trata de seres humanos y los delitos contra los derechos de los trabajadores.
Qué admite el auto y qué deja fuera del cuadro
Conviene volver al principio. El 5 de enero de 2026, Women’s Link Worldwide presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia contra el cantante en nombre de dos exempleadas. Los hechos que describían se remontan a 2021 y habrían ocurrido en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas: agresiones sexuales, acoso, lesiones y explotación laboral. Una semana después, el asunto saltó a lo público.
La Fiscalía abrió diligencias, el 16 de enero concedió a las dos mujeres la condición de testigos protegidos y ambas declararon. El 23 de enero archivó: los tribunales españoles no tenían jurisdicción, los hechos habían ocurrido fuera y las denunciantes no tenían vinculación con España.
Ahí parecía terminar todo.
No terminó. En septiembre llegó una querella directa ante la Audiencia Nacional y el 18 de noviembre se conoció el auto que la admite en parte. El texto cita los artículos 178, 179 y 180 —agresiones sexuales— y el 184.1 —acoso sexual—, pero la parte dispositiva se queda en una fórmula general: ‘delitos contra la libertad sexual’, sin concretar modalidades. El detalle no es menor para quien tenga que defenderse.
Un auto no es una sentencia: abre la puerta, fija el terreno y deja claro que la pelea real será de competencia antes que de hechos.
El cambio de criterio de la Fiscalía que nadie explica
A Pau Molins, que ha defendido a la Infanta Cristina, a Sandro Rosell o a Shakira, hay dos cosas que le chirrían. La primera: por qué el Ministerio Público no se ha opuesto ahora a una causa cuya competencia rechazó en enero. ‘Algo ha debido cambiar y todavía no lo sabemos’, concede. El auto dice que Fiscalía ha informado sobre la competencia española, pero no aclara en qué sentido ni ha trascendido el escrito.
La segunda es de fondo. El mismo auto reconoce cautelas sobre la competencia y, aun así, tira hacia delante. ‘Lo lógico sería aplicar el criterio de territorialidad y que esto se investigara en República Dominicana, porque es donde se da la inmediación de las pruebas’, sostiene el letrado, que da por hecho el recurso de la defensa.
El siguiente movimiento está en manos de la defensa.
Prescripción, testigos protegidos y el Código Penal que toca aplicar
Marcos García Montes trae tres principios del Derecho Procesal internacional —extraditar, castigar, juzgar— y una conclusión incómoda: si los hechos ocurrieron en territorio dominicano, ese país tiene preferencia para enjuiciarlos. También le choca que el auto aparque la prescripción cuando, a su juicio, debía ser el primer examen, y avisa del riesgo de investigación prospectiva.
Sobre la condición de testigo protegido de las denunciantes, la considera poco habitual en España para este tipo de causas. Cuestiona además que no se permita al querellado declarar por videoconferencia y recuerda el trámite: notificado el auto, la defensa puede recurrirlo y el proceso queda suspendido hasta que decida la Sala de lo Penal.
Ojo al calendario. Los hechos son de 2021 y el Código Penal ha cambiado dos veces desde entonces: la reforma del 7 de octubre de 2022 y la Ley Orgánica 4/2023. Rige la ley penal más favorable al acusado, así que la redacción anterior puede pesar más que la vigente. En el acoso sexual del 184.1 las penas actuales son más altas que las de 2021. El texto consolidado está en el BOE.
Julio Iglesias arrastra medio siglo de biografía pública, repasada en su entrada de Wikipedia, y cualquier causa abierta en la Audiencia Nacional tiene eco inmediato. Eso no adelanta nada.
Lo que queda es puro procedimiento: recurso, decisión de la Sala, y solo después la pregunta de siempre. El horizonte penal existe; la sentencia, ni se ha escrito. Aquí nadie ha sido condenado y la presunción de inocencia sigue intacta.
El Termómetro de Cotilleo
- 🌡️ Nivel de drama: 5/10. Expectación alta y fiesta baja: aquí lo que se juega es derecho, no portada.
- 🏆 Quién gana, quién pierde: Gana la acusación, que ha logrado sentar la causa en España; pierde la Fiscalía, que debe explicar su giro.
- 🔮 ¿Habrá réplica o exclusiva pronto?: Habrá recurso de la defensa y, con él, un capítulo nuevo antes de que acabe el invierno.







