Un recién publicado informe de la National Audit Office ha sacudido los cimientos de Buckingham con un detalle hasta ahora silenciado: el rey Carlos III asume de su bolsillo privado los alquileres de buena parte de la familia real británica, incluidos los de los príncipes William y Kate Middleton, el príncipe Andrés y sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz. La auditoría, solicitada por un grupo de parlamentarios a raíz del escándalo que rodea al duque de York, ilumina los resortes financieros de la monarquía con una crudeza inusual.
El informe que agita Buckingham: once royals viven sin pagar renta
El documento, conocido esta misma semana, detalla que los once miembros activos de la realeza —los llamados working royals— residen a coste cero en sus palacios y mansiones gracias al Privy Purse, el fondo privado que administra personalmente el monarca. El príncipe William y Kate Middleton, el príncipe Andrés, los condes de Wessex y las princesas Eugenia y Beatriz figuran entre los beneficiarios, un privilegio que no se extiende a los Sussex, que abandonaron sus deberes oficiales en 2020.
La investigación, sin embargo, nace de una maniobra de control político. Los legisladores exigieron las cuentas después de que Carlos III despojara a Andrés de sus títulos reales y le obligara a abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park que ocupó durante dos décadas. El motivo: las acusaciones que vinculan al príncipe con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. «Estas censuras se consideran necesarias», escribió Buckingham en un comunicado de octubre, «a pesar de que él sigue negando las acusaciones».
El resultado sobre el terreno es que Andrés, de 66 años, se trasladó a la finca de Sandringham, en Norfolk, la residencia de campo de la difunta reina Isabel II. Y allí, según revela la auditoría, el antiguo príncipe ha estado alquilando tres propiedades dentro de la hacienda de 98 acres (unas 40 hectáreas). El informe no detalla cuánto ingresa por esos subarriendos, un vacío que ha provocado una airada tormenta política.
El misterio de las rentas que Andrés cobra en Sandringham
La laborista Margaret Hodge, miembro de la Cámara de los Lores y antigua presidenta del comité de cuentas públicas del Parlamento, ha calificado de «escandaloso» que la National Audit Office no haya podido demostrar la cuantía que el duque de York obtiene de esos arrendamientos. El príncipe pagaba una renta simbólica —un peppercorn rent— por Royal Lodge mientras sacaba tajada del patrimonio real, denuncian sus críticos.
La opacidad sobre los ingresos que Andrés obtiene subarrendando propiedades en Sandringham es el verdadero escándalo de este informe.
El exlegislador liberal demócrata Norman Baker va más lejos: «Muestra un desprecio absoluto hacia el contribuyente, no solo que Andrés pudiera tener un alquiler irrisorio por una propiedad gigantesca, sino que luego haya hecho potencialmente millones a costa de subarrendar». La Casa Real británica no ha comentado públicamente el informe, pero un portavoz de Crown Estate —el organismo que gestiona el patrimonio de la Corona en nombre del Estado— afirmó que «acoge con satisfacción» la revisión y subrayó que los contratos de arrendamiento con los miembros de la familia real «se acordaron conforme a asesoramiento profesional independiente y valoraciones de mercado».
Una radiografía de costes con precedentes que no aplaca las críticas
No es la primera vez que las finanzas de los Windsor levantan ampollas. Los recortes a la financiación de la monarquía durante el reinado de Isabel II o el debate sobre quién debería costear las reformas de Frogmore Cottage —la casa de Harry y Meghan en Windsor— ya pusieron sobre la mesa la misma pregunta: ¿dónde acaba el derecho de la familia real a gestionar su legado y dónde empieza la transparencia exigible en una democracia? La National Audit Office, un organismo independiente que actúa como el gran auditor del sector público británico, ha sido contundente: los alquileres se pagan con dinero del Privy Purse, es decir, del bolsillo privado del rey, sin coste directo para el erario. Pero la sombra del conflicto de interés planea cuando el monarca es, al mismo tiempo, dueño de esos inmuebles a través de la Corona y juez de quién se beneficia de ellos.
Lo que ha provocado indignación en Westminster no es el hecho de que William y Kate residan en Adelaide Cottage sin pagar —se da por descontado que el heredero y su familia reciben ese trato—, sino la combinación de un renta ridícula con la negativa a desvelar los ingresos que Andrés ha generado para sí mismo alquilando casas de un patrimonio que no es suyo. La cita de Margaret Hodge y Norman Baker refleja que, para un sector amplio de la opinión pública, la monarquía británica sigue debiendo explicaciones.
Buckingham se ha limitado a respaldar el informe y a recordar que los contratos se ciñeron a los dictados del mercado. Sin embargo, el hecho de que los defensores del contribuyente hayan tenido que recurrir a una auditoría externa para saber quién paga qué revela una opacidad que, en un contexto de ajuste económico, difícilmente pasará desapercibida. El legado de este documento puede ser más político que financiero: abre la puerta a que futuros parlamentos exijan una rendición de cuentas mucho más detallada.
El Veredicto VIP
- 📸 Imagen pública: El informe erosiona aún más la figura del príncipe Andrés y coloca al rey Carlos en la incómoda tesitura de justificar privilegios internos.
- 💎 El detalle de lujo: Aunque no hay cifras oficiales, la renta era tan baja que los expertos hablan de un peppercorn rent por una mansión de 30 habitaciones.
- 🗣️ El entorno cuenta: Los rivales políticos denuncian desprecio al contribuyente; Buckingham guarda silencio mientras la Corona intenta pasar página.
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