La periodista Marisa Martín Blázquez atraviesa una de las etapas más angustiantes de su vida personal debido a un conflicto con los inquilinos de una vivienda de su propiedad situada en Torrelodones, a unos 30 kilómetros de la capital. La colaboradora televisiva ha denunciado públicamente que sus arrendatarios llevan tres años sin pagar el alquiler, una situación que comenzó en 2023 y que, lejos de resolverse, ha ido agravándose con el paso del tiempo. El caso, que ella misma ha calificado como una auténtica pesadilla, ha derivado en procesos judiciales, denuncias cruzadas y un importante desgaste emocional.
El problema de Marisa Martín Blázquez
Según ha explicado en distintos programas de televisión, la vivienda fue alquilada en 2021 y durante los dos primeros años los pagos se realizaron con normalidad. Sin embargo, en 2023 dejaron de efectuarse los ingresos mensuales, lo que encendió las alarmas de la periodista, que intentó resolver el problema por la vía del diálogo. “Se me pagó religiosamente hasta 2023. A partir de ahí, empecé a ver que no se me ingresaba el dinero del alquiler”, relató, recordando el momento en que comenzó el conflicto.
Lejos de recurrir de inmediato a la vía judicial, la colaboradora trató de alcanzar un acuerdo amistoso con su inquilino. Mantuvieron varias conversaciones en las que ella planteó la imposibilidad de mantener la situación sin pagos, advirtiendo de que se vería obligada a denunciar si no se regularizaba la deuda. La falta de soluciones y el paso del tiempo hicieron inevitable la demanda, que se presentó ese mismo año, aunque el proceso se ha prolongado hasta la actualidad sin una resolución definitiva.
La deuda acumulada durante estos tres años se ha convertido en una carga económica considerable, a la que se suman los gastos que la propietaria continúa asumiendo. Impuestos, comunidad de vecinos, mantenimiento e IBI siguen corriendo a su cargo, pese a no percibir ingresos por el alquiler. La periodista ha insistido en que adquirió esa vivienda con esfuerzo, como una inversión de futuro en una profesión marcada por la inestabilidad laboral.
En sus declaraciones, ha defendido su derecho a disponer de la propiedad como considere oportuno, recordando que podría necesitarla en el futuro para su familia. “Tengo el derecho, porque me lo he ganado, de tener una vivienda para hacer lo que yo quiera con ella”, afirmó, poniendo como ejemplo la posibilidad de que su hija decida independizarse. Sus palabras reflejan la frustración de quien siente vulnerado un derecho básico tras años de trabajo y obligaciones fiscales cumplidas.
Uno de los aspectos que más indignación le provoca es que, según su versión, los inquilinos no se encuentran en situación de vulnerabilidad. La comunicadora ha subrayado que paga impuestos que contribuyen a financiar políticas de vivienda social destinadas a quienes realmente lo necesitan. “Yo no tengo que ser el sostén económico de gente que no puede o no quiere pagar el alquiler”, declaró con firmeza, marcando distancia con un discurso que, según ella, no se ajusta a su caso.
Marisa Martín Blázquez ha tomado medidas
El conflicto ha alcanzado niveles especialmente tensos, incluyendo denuncias contra la propia periodista. Según ha contado, los arrendatarios la denunciaron ante la Guardia Civil por presunto acoso y coacciones, un episodio que la llevó a hacer pública su situación. La exposición mediática no fue una elección, sino una consecuencia directa del proceso, con el objetivo de defender su versión y evitar que el silencio jugara en su contra.
Además, el procedimiento judicial ha sufrido retrasos y contratiempos, como la necesidad de presentar nuevamente la demanda debido a un defecto de forma. Mientras tanto, las promesas de pago por parte de los inquilinos nunca se materializaron, pese a que, según ella, aseguraban que saldarían la deuda tras recibir un ingreso importante de Hacienda. Ese pago nunca llegó, prolongando una incertidumbre que se extiende ya por tres años.
Más allá del impacto económico, la situación está teniendo consecuencias directas en su bienestar personal. La periodista padece miastenia gravis, una enfermedad autoinmune crónica que provoca debilidad muscular y fatiga, y ha reconocido que el estrés emocional agrava sus síntomas. “Todo lo que me afecta a nivel emocional me repercute”, ha confesado, explicando que intenta protegerse mentalmente para evitar que el conflicto deteriore aún más su salud.
Casada con el fotógrafo Antonio Montero y madre de dos hijos, la colaboradora asegura que esta experiencia está marcando profundamente su día a día. La incertidumbre judicial, la presión económica y la exposición pública conforman un escenario difícil de sostener, incluso para alguien acostumbrado a la atención mediática. Su caso se ha convertido en un ejemplo del impacto personal que pueden tener los conflictos de alquiler, especialmente cuando se prolongan durante años.
A la espera del juicio y de una resolución que ponga fin a esta etapa, Marisa Martín Blázquez insiste en que su objetivo no es otro que recuperar su vivienda y cerrar un capítulo que ha afectado a su estabilidad emocional y económica. La periodista reclama soluciones eficaces y protección para los propietarios que cumplen con la ley, convencida de que su experiencia refleja un problema que afecta a muchas personas en situaciones similares. Mientras tanto, continúa enfrentando una realidad que define con una sola palabra: pesadilla.
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