La situación judicial de Julio Iglesias ha dado un giro relevante tras salir a la luz nuevos datos sobre las presuntas acusaciones que pesan contra el cantante. Apenas 24 horas después de conocerse la denuncia presentada por dos de sus extrabajadoras, se ha confirmado cuál ha sido la primera decisión adoptada por la Fiscalía, un movimiento que marca un punto clave en el desarrollo de este caso que ya ha generado una enorme repercusión pública.
Última hora sobre Julio Iglesias
Según se ha hecho público este 14 de enero de 2026, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración a las dos mujeres que han denunciado al artista por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y vulneración de derechos laborales. Así lo ha confirmado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, una de las ONG que ejerce la defensa y el acompañamiento legal de las denunciantes, durante una rueda de prensa ofrecida para aclarar la situación procesal actual.
Aunque la Fiscalía aún no ha determinado si es competente o no para investigar formalmente los hechos, sí ha considerado necesario escuchar el testimonio de las dos exempleadas del cantante, una empleada del hogar y una fisioterapeuta. Esta decisión se interpreta como un primer paso relevante dentro del análisis preliminar de una denuncia que, por su gravedad y por la figura pública a la que afecta, ha situado el foco mediático y judicial sobre el artista.
Los hechos denunciados se remontan al año 2021 y fueron conocidos públicamente tras la publicación de una investigación en elDiario.es. En ella se recogían los testimonios de estas dos mujeres, que relatan situaciones que, según la denuncia presentada el pasado 5 de enero, podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, además de “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales”, entre ellos acoso sexual y agresión sexual. A todo ello se sumarían presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, derivados de la imposición de condiciones laborales abusivas.
Durante la comparecencia ante los medios, Women’s Link Worldwide ha subrayado que las dos denunciantes declararán en calidad de testigos protegidos, una medida solicitada expresamente en la denuncia para preservar su identidad y garantizar su seguridad. Según explicó la portavoz de la organización, esta protección responde a la evidente diferencia de poder entre las mujeres y la persona a la que acusan, así como al temor de que puedan ser localizadas o presionadas para que retiren su testimonio.
“Que se reserve y se salvaguarden sus datos personales y su identidad responde a la necesidad de protegerlas durante todo el procedimiento”, aseguró la representante legal, insistiendo en que las denunciantes temen posibles represalias debido a la notoriedad y capacidad de influencia del artista. Por el momento, no se ha fijado una fecha concreta para las declaraciones, aunque se espera que se produzcan en las próximas semanas.
Las acusaciones contra Julio Iglesias
La rueda de prensa también contó con la intervención de Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional España, quien quiso contextualizar las denuncias dentro de un marco más amplio. Según explicó, lo ocurrido no puede analizarse como un caso aislado, sino como parte de estructuras laborales profundamente desiguales, especialmente en sectores donde las mujeres migrantes o en situación de vulnerabilidad desempeñan trabajos precarizados.
“La situación de explotación no puede considerarse un hecho puntual, sino el resultado de sistemas que asumen que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible”, afirmó Álvarez, poniendo el acento en la dimensión estructural de este tipo de denuncias. Sus palabras refuerzan la idea de que el procedimiento judicial podría ir más allá de una investigación individual y abrir un debate más amplio sobre abuso de poder y derechos laborales.
Mientras tanto, el nombre de Julio Iglesias, una de las figuras más internacionales de la música española, vuelve a ocupar titulares por motivos ajenos a su carrera artística. Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de la Fiscalía ni sobre las acusaciones que se le atribuyen, mientras su entorno permanece en silencio.
La decisión de la Fiscalía de escuchar a las denunciantes, aunque no implique aún la apertura formal de una investigación, supone un paso significativo que mantiene el caso abierto y bajo observación. Un procedimiento delicado, con implicaciones legales y sociales, que avanza con cautela mientras se analizan unos hechos que podrían tener consecuencias judiciales de gran alcance si finalmente se confirman.
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