Inesperado varapalo para Joaquín Sabina. El cantante está obligado a pagar a Hacienda 2.5 millones de euros después de que la Audiencia Nacional haya rechazado su recurso contra una liquidación correspondiente a esa cantidad en concepto del IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 por sus derechos de autor, cedidos a empresas familiares.
Sabina ya había reclamado por la vía administrativa ante el Tribunal Económico-Adinistrativo y ahora han sido los magistrados de la Audiencia Nacional quienes han dado la razón a la Agencia Tributaria en su pugna con el artista por no haber tributado correctamente sus derechos de autor durante varios años.
Junto a familiares, Sabina era socio o administrador de tres empresas: ‘Ultramarinos Finos’, ‘Relatores’ y ‘El Pan de Mis Niñas’, con las que gestionaba sus derechos de autor, inmuebles en Madrid y Rota, un velero y libros antiguos, entre otras propiedades. Durante los tres años que abarca la inspección de Hacienda, esas tres compañías generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación, con una relación directa con el cantante para el fisco, bien sea en forma de cobros de derechos de autor o prestación de algún servicio como realización de galas, ‘royalties’, ventas de discos o colaboraciones de prensa.
En su defensa, Sabina alegó que no tenía relación con alguna de esas sociedades, si bien los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon «inverosímil» ese argumento y que determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado, «lo que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar» al cantante por el IRPF.
Hacienda, en su liquidación a Sabina, acordó incrementarle la base imponible del IRPF después de que el cantante hubiera pagado menos tributos con sus empresas por el Impuesto de Sociedades. De ahí la obligatoriedad de pagar 2,5 millones de euros por sus derechos de autor. Algo que el cantante consideraba que no tenía que pagar pero que ahora la Audiencia Nacional ha concluido que sí.
