La batalla mediática que rodea a Julio Iglesias suma un nuevo capítulo: el artista ha impulsado acciones legales contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, por unas afirmaciones públicas relacionadas con acusaciones de abusos sexuales y una supuesta situación de esclavitud de trabajadoras.
Qué reclama el cantante
Según la información publicada, la iniciativa legal se articula como una solicitud de acto de conciliación presentada en Madrid, un trámite previo que puede abrir la puerta a una querella posterior.
En esa petición, su defensa sostiene que las manifestaciones de la ministra podrían encajar en injurias con publicidad y calumnias, y pide una rectificación pública. El escrito también plantea una indemnización a determinar en función del grave daño social producido.
La respuesta de Yolanda Díaz
Yolanda Díaz, en lugar de retractarse, ha contestado con determinación al ataque legal encabezado por el letrado José Antonio Choclán. La líder de Sumar ha renovado su compromiso con las víctimas de precariedad y explotación laboral: «Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos«.
El origen de todo
El conflicto nace, principalmente, de un mensaje compartido por Yolanda Díaz en la red social Bluesky el 13 de enero, donde difundió una noticia sobre testimonios de extrabajadoras y añadió comentarios muy duros sobre abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente.
La representación del cantante sostiene además que, al día siguiente, la vicepresidenta abordó el asunto en un programa de televisión, en un contexto en el que se debatía la denuncia de varias extrabajadoras.
En esa intervención televisiva, siempre según el escrito citado, Díaz habría descrito a las trabajadoras como personas en una «posición de inferioridad extrema» y habría afirmado que lo conocido esos días «da terror y da pánico».
El contexto judicial que enmarca la polémica
Uno de los puntos clave es que la Fiscalía archivó la denuncia en enero por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por tanto, por falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar esos hechos en fase preprocesal. Pero esto no quiere decir que no se esté juzgando los hechos que le rodean; simplemente, se tienen que hacer en el lugar pertinente para ello.
Ese archivo es lo que la defensa del artista usa como excusa e insiste en que, pese a no existir una investigación en marcha en España por esos hechos, se habrían lanzado mensajes públicos que generan «prejuicios de culpabilidad contra él».
Dicho de otro modo, la discusión se está librando tanto en el terreno legal (honor, reputación y posibles delitos contra el honor) como en el plano reputacional, donde cada titular se convierte en munición para uno u otro bando.
El trasfondo: las denuncias de sus extrabajadoras
Todo esto arranca en enero de 2026, cuando dos empleadas (una de servicio doméstico y una fisioterapeuta) denunciaron en España abusos en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas durante 2021.
Relataron cosas horribles como jornadas de 16 horas sin contrato, que se les sometía al control de sus móviles, las tenían en aislamiento, les obligaban a hacer pruebas médicas forzadas (VIH, ginecológicas) y un acoso constante por parte del cantante.
Ambas relataron que sufrieron tocamientos, bofetadas, insultos y amenazas, en un ambiente de abuso normalizado con complicidad jerárquica.
El siguiente paso: ¿conciliación o juicio?
El acto de conciliación es como un intento de acuerdo formal: si Yolanda Díaz acepta rectificar, el asunto podría cerrarse sin más ruido. Pero si no, la cosa pinta para querella directa, con todo lo que implica en términos de audiencias, declaraciones y más titulares.
Este enfrentamiento resalta la fina línea que hay entre libertad de expresión y protección del honor, en un debate sobre abuso de poder en entornos privados de élite que es tan preocupante y, por desgracia, generalizado.
Mientras el proceso judicial avanza, todo apunta a que los tribunales decidirán sobre los hechos concretos, más allá del ruido mediático. Estaremos pendientes de la decisión.
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